El Fondo Monetario Internacional (FMI) afirma que Latinoamérica registra un bajo nivel de inclusión financiera

Los países latinoamericanos registran un bajo nivel de inclusión financiera en comparación con otras regiones del mundo, solamente por encima de Africa, indicó la economista del Departamento Hemisférico Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) Joyce Cheng Wong.

“Estos países tienen un largo camino por recorrer para alcanzar los niveles que ostentan los países del hemisferio occidental y Asia”, dijo la experta en una entrevista con Xinhua en el marco de la conferencia “Inclusión Financiera: Experiencia Internacional y Estrategia” en Perú.

De acuerdo a la economista, en las últimas décadas la región ha hecho algunos avances significativos que se reflejan en países con economías sólidas como Brasil, Argentina y Chile, en Sudamérica, y Costa Rica en Centroamérica.

“Latinoamérica ha hecho bastante en este aspecto, hay reformas que han aplicado de experiencias en otras regiones para cada caso, como los modelos de corresponsales aplicados en Brasil y otros países”, expresó.

Cheng recordó la particularidad de algunos países como Perú que cuenta con una importante presencia de economía informal, que representa alrededor del 74% de la mano de obra productiva de este país empleada en empresas autogestionarias de propiedad familiar.
“El modelo de corresponsales se compagina con algunas actividades que se desarrollan en la economía informal, como es el caso de las pequeñas y medianas empresas, que existen en Latinoamérica”, detalló.

Cheng consideró que este tipo de políticas y reformas llevadas a cabo sí permiten ahondar en el objetivo de alcanzar una mayor inclusión financiera, pero estas deben ser adecuadas a la realidad de cada país y no se pueden aplicar modelos foráneos.
“Hay que pensar en políticas económicas financieras propias y no creer que los modelos que tienen éxito en Asia o en África también puede tener éxito en Latinoamérica, eso no funciona así”, puntualizó.

La investigadora explicó que a diferencia de otras regiones, los países latinoamericanos dependen de la economía informal y este rostro se refleja en el aparato productivo donde alrededor del 47,7% de los trabajadores tiene un empleo informal.

De acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo (OIT) de los 275 millones de personas que representan la fuerza laboral de esta región, solamente 145 millones cuentan con un trabajo formal.

“Una de las particularidades propias de Latinoamérica es la informalidad, fenómeno que no existe masivamente en otras regiones y por lo tanto las políticas gubernamentales se deben apoyar en esta realidad”, indicó.

Cheng también destacó el caso de Costa Rica, como uno de los países que ha logrado avances en la política de inclusión financiera gracias a que cuenta con instituciones públicas y financieras sólidas y bien constituidas.

“En este caso, este país ha desarrollado un plan estratégico que ha permitido una mejora en el sistema financiero, pero para lograr este éxito previamente hubo mejoras en las instituciones gubernamentales”, sostuvo.

Asimismo resaltó la importancia de crear las condiciones necesarias para que los consumidores del mercado financiero tengan confianza en el sistema, como un paso obligatorio para ganar más clientes.

“Si una persona cree en el sistema financiero y confía en su rentabilidad, entonces esta persona tiene confianza en depositar su dinero porque sabe que le brindará seguridad”, expresó.

La investigadora del FMI, además, precisó la necesidad de renovar gradualmente las regulaciones de las entidades financieras, como una fase necesaria para adecuarse a las realidades cambiantes que existen en un mundo globalizado.

“En el caso de Estados Unidos, que recientemente registró una severa crisis financiera, siempre adopta reformas y cambios a las regulaciones financieras lo que le ha permite superar con éxito cualquier impase”, subrayó.

Otro de los casos que mencionó fue la experiencia en El Salvador, país donde esta economista ha trabajo estudiando la dinámica del sistema financiero, concluyendo que en los últimos años se ha modernizado adecuándose a los nuevos tiempos.
“El Salvador viene trabajando en la inclusión financiera y protección al consumidor, para reemplazar el anterior sistema que era demasiado excluyente, lo que ahora ha permitido cambiar el rostro del sistema financiero de ese país para bien”, puntualizó.
Pese a las limitaciones en el sistema financiero, la región latinoamericana ha dado algunos pasos adelante en materia de inclusión financiera, con medidas que permiten poner al alcance de la población los servicios del sistema financiero y crediticio.

 

Precio del combustible a la baja en América Latina por crisis petrolera

La caída de los precios internacionales del petróleo, que tanto preocupa a productores como Venezuela, México, Brasil y Ecuador, tiene su lado bueno para los ciudadanos de algunos países latinoamericanos, pues ahora pueden llenar los tanques de sus vehículos por menos plata.

El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, anunció este viernes un abaratamiento de los precios de las gasolinas que distribuye la empresa estatal Petropar, acorde con la tendencia mundial de precios a la baja.

Los precios de las gasolinas de Petropar se reducirán entre un 2,6 % (la de 90 octanos) y un 11,2 % (la premium) y “en el menor tiempo posible” se aplicarán rebajas a los del diésel y el gas.

Desde octubre, el precio internacional del crudo ha caído desde la franja de los 90 dólares el barril hasta los 54 dólares que marcó este jueves, su nivel más bajo en cinco años, lo que significa muchos millones de dólares menos para las arcas del Estado y las petroleras de los países agraciados con el “oro negro”.

La buena noticia de este viernes para estos países es que el petróleo de Texas (WTI) subió un 4,45 % y terminó con un precio de 56,52 dólares el barril, 2,41 dólares más que el precio de cierre del jueves.

Ese nivel, sin embargo, está muy por debajo de los máximos anuales anotados a finales de junio, de 102 dólares por barril.

En Chile, los precios de los combustibles han bajado drásticamente en las últimas ocho semanas y esa caída ha incidido con fuerza en el Índice de Precios al Consumidor, que no tuvieron variación en noviembre y se prevé que registren una deflación del 0,2 % en el último mes del año.

En la República Dominicana, donde los precios de los combustibles se fijan todos los viernes, llevan 24 semanas consecutivas en baja, y en Panamá, la Secretaría Nacional de Energía calcula que en lo que va de año ha habido un 25 % de rebaja promedio.

El desplome de los precios del crudo también ha repercutido positivamente en los bolsillos de los habitantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica, donde se han registrado bajadas generalizadas.

Por el contrario, en Argentina los precios se mantienen por ahora como si en el mercado internacional de crudo no hubiera pasado nada.

Medios argentinos apuntaron hoy que el Ministerio de Economía busca bajar los precios entre un 5 % y un 10 %, pese a las reticencias de la petrolera de participación estatal YPF, pero el jefe del Gabinete, Jorge Capitanich, dijo que por ahora no hay nada oficial.

El abaratamiento de los combustibles en Colombia, donde el Gobierno fija los precios de referencia mensuales y por áreas geográficas para los distintos tipos, ha sido por ahora moderado.

La mayor caída se ha dado en el diésel que en diciembre tiene un precio de referencia de 8.257 pesos (unos 3,6 dólares) el galón (3,78 litros), el más bajo desde julio de 2013.

En Perú, los precios de referencia de las gasolinas y gasóleos disminuyeron esta semana entre un 7,1 % y un 11 % respecto a la semana anterior, según un informe del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Fuentes de la estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) de Uruguay señalaron a Efe que las tarifas de los combustibles tendrán una rebaja en los primeros días de enero, sin especificar el porcentaje.

De todas maneras no se espera que la disminución sea muy pronunciada, ya que hay otros elementos que inciden en el precio de comercialización, como el Impuesto Específico Interno (Imesi), que el Gobierno prevé ajustar al alza.

Los mexicanos no saben desde hace seis años lo que es una caída de los precios en las gasolineras. Desde 2008, los precios de los combustibles aumentan mensualmente en virtud de una reforma fiscal aprobada con el objetivo de eliminar gradualmente los subsidios.

Esos incrementos, conocidos como “gasolinazos”, prácticamente duplicaron el precio de la gasolina regular, que han pasado de 7,2 a 13,31 pesos (0,49 a 0,91 centavos de dólar) por litro.

Los aumentos mensuales terminarán en 2015, cuando el precio máximo de la gasolina se establecerá de acuerdo con la inflación.

En Venezuela, que tiene las mayores reservas de crudo del mundo y una economía muy dependiente del sector, por lo que el desplome del mercado es un quebradero de cabeza para el Gobierno, los precios de los combustibles están congelados desde hace más de 14 años.

El precio de la gasolina de 91 octanos es el más bajo de toda América Latina: 0,070 bolívares el litro (0,011 dólares el litro a la tasa más baja de 6,3 bolívares).

Según cálculos oficiales, el subsidio al precio del combustible le cuesta al Estado venezolano 12.600 millones de dólares anuales.

Bolivia también tiene congelados y subsidiados sus precios desde hace una década y el presidente Evo Morales debió dar marcha atrás cuando trató de subirlos a fines de 2010, ante el riesgo de un estallido social.

Según las autoridades bolivianas, si no hubiera subsidios estatales los precios serían hasta casi tres veces más altos.

En Cuba, los precios de los combustibles también los fija el Gobierno y están subsidiados. Hasta ahora no se han podido constatar los efectos de la bajada del crudo en los mercados internacionales.

En Brasil, la caída del precio internacional del crudo tampoco ha tenido hasta ahora un impacto en el mercado de combustibles.

Es más, el 6 de noviembre, pocos días después de las elecciones en las que la presidenta Dilma Rousseff fue reelegida para un segundo mandato, Petrobras determinó un alza del 3 % del precio de la gasolina y de un 5 % del diésel.

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/12/19/nota/

Justicia: ¿Qué es lo correcto de hacer? Por: Michael Sandel

Cuando el mundo debate las bondades de la separación de poderes (entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial), de una parte, y el llamado “último poder” que ejercen los jueces en diversos países, de otra parte, resulta reconfortante leer un libro como éste que Sandel, profesor de la Escuela de Gobierno de Harvard, ha titulado de forma directa y sencilla Justicia: ¿Qué es lo correcto de hacer? Se trata de un libro que usa la flosofía política para navegar en la discusión de temas relevantes en el día a día y a nivel global, tales como: a) los recurrentes temas del aborto; b) el matrimonio heterosexual; c) los abultados bonos-salariales del mundo fnanciero; d) el mercadeo de vísceras humanas; e) los experimentos genéticos; o f) los aspectos legales de contratos relacionados con madres subrogadas. Tal vez el aspecto más destacable de dicho escrito es que Sandel logra combinar de forma brillante su discurrir lógico con aspectos profundos de la flosofía política. A mi entender, este enfoque resulta apropiado para descubrir la esencia de la “Justicia Social”, concepto del cual Sandel lograr extraer su breviario para encontrar “lo correcto para hacer” en casos tan polémicos como los antes referidos. El primer enfoque de Sandel se vuelca sobre las hipótesis relacionadas con la escuela del libre mercado (Smith, 1776) y sus implicaciones para el mundo utilitarista (Bentham, 1830) y de maximización del “bienestar” (Mill, 1859). Sandel concluye que ese enfoque, aunque bien orientado en la búsqueda de la Justicia Social, tan sólo lograba respuestas parciales. En particular, Sandel critica a Bentham tanto por la ilusión de creer que la felicidad se puede tazar de forma unívoca y, aun si se pudiera, por aceptar políticas que violaban los derechos humanos. Su justifcación era que los “deseos” de la mayoría deberían imponerse sobre los de la minoría; por ejemplo, los pordioseros deberían poderse encarcelar si ellos causan “disgusto” a la mayoría de la sociedad (ver págs. 34-36). Sandel ahonda en interesantes ejemplos para mostrar lo absurdo de la posición de Bentham. Para ello los expone como “casos judiciales” relacionados con “lanzar los cristianos a los leones” (ante el placer de la mayoría), torturar a los sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda (para prevenir posibles futuros ataques) o promover el cigarrillo (ante los réditos tributarios que ello le dejaría al gobierno). Sandel critica a Mill por creer que estaba defendiendo a Bentham, cuando en realidad lo estaba contradiciendo al proponer que el bienestar debía ser un objetivo de largo plazo, pero basado en el respeto a la libertad individual. Mill se enredó, lógicamente hablando, al proponer “placeres menores y mayores” para distinguir el bienestar individual del social, cuando en el fondo estaba anteponiendo la “dignidad humana” sobre el interés-utilitarista-individual (que apoyaba Bentham). Sandel intenta entonces un segundo enfoque sobre una justicia que se desplaza del plano de la maximización utilitarista hacia el de la “libre escogencia”. Los inspiradores de este enfoque son bien conocidos: a nivel académico, Hayek (1948), Friedman (1968) y Nozick (1974); a nivel práctico, Reagan (1981), Thatcher (1979) y bien podríamos decir que, parroquialmente, el propio Uribe (2002-2008). Este enfoque resuelve el problema del respeto a la iniciativa privada, de la tolerancia, pero no el problema distributivo a nivel social. Por ejemplo, bajo este enfoque, el tema de meritocracia se impone sobre el de la equidad. Por último, Sandel aborda el enfoque del “bien común”, la búsqueda de la Justicia Social, donde la “distribución de la riqueza” encierra temas de valoración-subjetiva. Para decirlo en las palabras de Sandel, el problema con aplicar justicia es que ella encierra “juicios de valor” todo el tiempo, de forma bastante subjetiva y controversial (págs. 260ss). Aquí los flósofos inspiradores son Kant (1781) y Rawls (1971); y los ejecutores políticos, según Sandel, han sido JFK (1962), impulsando los “Cuerpos de Paz”, las políticas afrmativas antidiscriminación, y hasta Obama (2009), con sus programas de “servicio público”, que han fracasado debido a la heredada Gran Recesión (2007-2009). Sandel es suficientemente transparente y argumentativo para decir abiertamente que él defende este tercer enfoque, el cual no se limita a premiar la meritocracia, sino que trata de solucionar el problema de “oportunidades inequitativas”. Sin embargo, en el fondo, Sandel da a entender que esas políticas “afrmativas” y de búsqueda de oportunidades más equitativas también tienen sus graves fallas discriminaSandel aborda el enfoque del “bien común”, la búsqueda de la Justicia Social, donde la “distribución de la riqueza” encierra temas de valoración-subjetiva. Para decirlo en las palabras de Sandel, el problema con aplicar justicia es que ella encierra “juicios de valor” todo el tiempo. 72 cf ene-mar 2012 (… DONDE ANIF SE PARAPETA PARA ESCUDRIÑAR LA AGENDA DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS) TORRE DE MARFIL 5) el grave problema moral que encierran los ejércitos-mercenarios (¿voluntarios?) creados a partir de benefcios de visas y estudios universitarios (pág.76); o 7) el de las madres (¿voluntarias?) que ofrecen sus cuerpos para engendrar y después entregar sus hijos. En síntesis, la relevancia de este escrito para Colombia no podría ser mayor, dados los esfuerzos que hemos venido haciendo por acercar el raciocinio entre abogados, ingenieros y economistas (Sarmiento, 2011; Clavijo, 2011). ¡He aquí el trabajo de un flósofo-político como Sandel, de la mayor talla académica, que valora tremendamente el discurrir lógico con aplicaciones para ejercer justicia-pronta y equitativa! Referencias Bibliográficas Anif (2011), “Bonos salariales, cambios regulatorios y salarios de efciencia”, Comentario Económico del Día 30 de noviembre. Clavijo, S. (2011), Costos y efciencia del sector Justicia en Colombia, Anif, Bogotá. Sandel, M. J. (2010), Justice: What is the Right Thing to Do? Farrar, Straus, and Giroux, New York. Sarmiento, L. C. (2011), Discurso pronunciado en la XXVI Asamblea de Anif (incluido en esta revista Carta Financiera, ene-mar. No. 157 de 2011). tivas y que el problema de fujos (ingresos, según meritocracia) nunca podrá separarse totalmente del stock (la riqueza, el capital inicial, bien sea capital físico o capital humano-heredado). Dicho de otra manera, su prurito académico se inclina a favor de Rawls, versión 2, pero su pensamiento anglo-práctico le dice que ello no es posible de implementar. Sería complicado en esta breve reseña intentar resumir las complejas y divertidas argumentaciones que usa Sandel para convencernos de las bondades de determinado “juicio” y, a renglón seguido, exponer sus contra-argumentaciones sobre las “verdades parciales” allí obtenidas. Recomendamos, en todo caso, mirar con particular atención “los juzgamientos” y contrajuzgamientos realizados en los casos de: 1) los “abusos” cometidos en la fjación de precios (de libre mercado) cuando ocurren tornados (págs.4-5) y se “disparan” los precios de los protectores de ventanas (o los precios de las “botas-pantaneras” durante las recientes inundaciones en Colombia); 2) la escogencia de quien es “muy grande como para dejarlo quebrar” durante las recientes crisis fnancieras (págs.12ss); 3) el problema con los bonos-salariales (págs. 18ss) otorgados a CEOs que dejaron quebrar sus entidades y salieron premiados con “paracaídas de oro” (Anif, 2011); 4) los experimentos con células-madres (

4 opciones para sustituir el aporte estatal al IESS Por: Mónica Orozco

Subir el aporte o la edad de jubilación, cambiar el monto de la pensión o ir a cuentas individuales de ahorro son las opciones que plantean expertos y algunos sectores luego de que una reforma legal eliminó el subsidio fijo del 40% del Estado para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El presidente del IESS, Richard Espinosa, ha dicho que no se subirá el aporte. Pero la decisión está en manos del Consejo Directivo, compuesto además de Espinosa por los vocales Felipe Pezo (empleadores) y Paulina Guerrero (afiliados). Según la Ley de Seguridad Social, el ente puede subir el aporte, la edad de jubilación o modificar el cálculo de la pensión. La reforma plantea dos medidas compensatorias: incorporar 1,5 millones de amas de casa y cambiar el alza de pensiones. Pero el martes, en un foro organizado por la Universidad San Francisco, expertos dijeron que esto será insuficiente, pues el déficit actuarial, al perder el subsidio estatal, llega a USD 70 000 millones según dos informes actuariales del IESS. Por ello plantean otras opciones (ver recuadros). En el foro, a la pregunta de cómo garantizar el aporte estatal en años futuros, la ministra de Desarrollo Social, Cecilia Vaca, dijo: “Toda Ley debe reglamentarse. Primero, un déficit actuarial puede dar ciertas tendencias de lo que puede pasar, pero no el déficit real y por eso la OIT y otros organismos plantean que un tema que hay que considerar para la sostenibilidad son las reservas de los fondos de seguridad social. Y lo hemos planteado, insisto: reglamentar que los aportes del Estado se deben dar cuando se identifique que las reservas estén en riesgo”. Luego aclaró que la idea es que estudios actuariales monitoreen la salud de las reservas, pero aclaró que estas son por ahora solo algunas hipótesis. IESS, el debate recién empieza Modificar el aporte al IESS El informe actuarial auditado más reciente del IESS, del 2010, ya señaló que el aporte para pensiones, del 9,74%, era insuficiente para lograr un equilibrio y debía subirse a 17,82%, dice el actuario Rodrigo Ibarra. Otro informe actuarial del 2014, no auditado, sugiere aplicar tres medidas combinadas para reemplazar el 40%: subir el aporte a 12,67%, cambiar los cálculos para fijar el monto de la pensión y el alza anual de pensiones. Solo esta última se ha aplicado. Según el expresidente del IESS, Ramiro González, el alza del 3% en el aporte podría compensar el subsidio estatal. Cambiar la edad de jubilación La actual Ley de Seguridad Social establece como edad mínima para jubilarse 60 años, pero también dispone que esta debía revisarse cada cinco años, algo que nunca ocurrió, pero hoy podría optarse por esto, dice el economista Pablo Lucio Paredes. “Lo que no se puede hacer es quitar el subsidio y no dar una solución para compensar esos recursos”, insistió. En el 2010, un informe actuarial sugería aumentar un año a la edad de jubilación cada cinco años de manera que en el 2015 pase a 61 años, en el 2020 a 62 años y así hasta llegar a los 65 años en el 2035. Cambiar el cálculo de la pensión Otra opción es cambiar el cálculo de la pensión. Hoy el IESS utiliza el promedio de los cinco mejores años de salarios -que generalmente son los últimos- para determinar el monto de la pensión. La Ley de Seguridad Social dispuso modificar esto gradualmente hasta llegar a considerar el promedio de los 15 mejores años. Mientras más años se consideran, el monto de la pensión es menor. Pero esto nunca se hizo. Para el economista Pablo Lucio Paredes esta medida, sumado al aumento del aporte y de la edad de jubilación, cubriría el hueco actuarial de USD 70 000 millones. Un sistema de cuenta individual Cambiar el esquema del sistema de seguridad social es otra opción para la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG), pero esto requiere de una reforma legal. El IESS funciona con un sistema de reparto, donde los aportes de los afiliados van a una cuenta colectiva. La propuesta es que vayan a una cuenta individual (similar a una cuenta de ahorro) a cargo de fondos privados. El Gobierno ha sostenido que este sistema ya fue declarado inconstitucional en el 2001 porque conducía a la privatización del sistema. Para la CCG, la cuenta individual ha funcionado bien en países como Chile.

 

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-iess-ramirogonzalez-richardespinosa-jubilados.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com

Mi Trabajo es para mis Hijos Por: Pablo Arosemena Marriott

El problema no es el número, sino el concepto. Es el impuesto en sí. Es el afán estatizante insaciable que revela. El ciudadano no debe trabajar para servir al Estado. Es el Estado el que debe servir eficientemente al ciudadano. El Estado es el medio, no un fin. El fin es el individuo, la persona, el ciudadano.

Parecería que al socialismo del siglo XXI le resulta difícil comprender algo muy básico: la gente trabaja para sus hijos, no para mantener a los gobiernos. Por eso enviamos un mensaje que resume el sentir de los comerciantes guayaquileños.

Y somos claros: defendemos principios, no porcentajes. El problema no es el número, sino el concepto. Es el impuesto en sí. Es el afán estatizante insaciable que revela. El ciudadano no debe trabajar para servir al Estado. Es el Estado el que debe servir eficientemente al ciudadano. El Estado es el medio, no un fin. El fin es el individuo, la persona, el ciudadano.

 

Todos los bienes que disfrutamos son el resultado del esfuerzo, creatividad y riesgo tomado por generaciones pasadas. Subir impuestos a la herencia es un desincentivo de cara al futuro. No se trata de dinastías, sino de respetar la dignidad de las familias trabajadoras, sean estas pequeñas, medianas o grandes.

 

Las empresas familiares son el 80% de los negocios. Eso incluye el bazar o la despensa de la esquina, donde todos los miembros aportan a la economía familiar. La gallina de los huevos de oro es la empresa familiar. Con lo que se pretende hacer, Ecuador cobraría el impuesto a las herencias más alto del mundo. Aun bajando del 77,5% al 47,5% sigue siendo un cambio de reglas y un nuevo aumento de impuestos.

 

Ahora bien, es verdad que no es recaudatorio. El año pasado se recaudaron solo $ 10 millones y con la reforma esperan $ 40 millones. Es el penúltimo impuesto en recaudación y no equivale ni al 0,5% del total. Bien podrían conseguirse ajustando gastos. No es verdad que sea redistributivo. En un país que produce más de $ 100.000 millones al año, el efecto de redistribuir $ 40 millones es nulo. Es netamente ideológico.

 

La experiencia internacional demuestra que es perjudicial para el ahorro y la inversión. Si el impuesto a la herencia fuera una buena idea para el Ecuador, ¿por qué lo eliminaron trece países en los últimos catorce años? ¿Por qué Suecia y Noruega lo eliminaron? Se habla también de herederos sin mérito. Desconocen que la segunda y tercera generación con su trabajo hacen crecer también el patrimonio familiar.

 

Lo preocupante de este tipo de medidas es que dan la señal de que nunca serán suficientes los fondos para el socialismo del siglo XXI. Abren la inquietud: ¿van a ir por más? Pretender subir impuestos, sobre todo en un año difícil, es un fracaso de la creatividad y una desconexión con la realidad de las familias y empresas. El mensaje de que si prosperas mucho, te dejamos legar la quinta parte de tu esfuerzo de vida, evidencia una mentalidad que desconoce el pasado, altera el presente y pretende apropiarse del futuro. Cada minuto que el empresario dedica a lidiar con nuevas regulaciones es un minuto menos de productividad y generación de empleo.

 

¡Abran el mercado, eliminen impuestos, aseguren estabilidad normativa, ofrezcan incentivos y verán cómo se democratiza el capital! Bajando impuestos, desarrollan el comercio y el empleo, y hasta recaudan más. Con mayor libertad económica se abren oportunidades para todos y se democratiza voluntariamente el capital.

 

Parecería que el sueño de algunos es que no exista un Messi para que todos seamos iguales. Toda persona con mente abierta y sentido común lo sabe muy bien: empobrecer a los ricos no enriquece a los pobres. (O)

 

 

Fuente: eluniverso.com Publicado el 09 de Junio de 2015

El lugar que corresponde a los modelos económicos Por: J. Bradford Delong

BERKELEY – Cuando los responsables del diseño de políticas buscan la asesoría de economistas, su intención es tener un consejo basado en la ciencia, no en facciones académicas o presuposiciones políticas. Después de todo, las políticas que pondrán en aplicación tendrán implicaciones en las vidas de las personas. Por desgracia, la ciencia no es siempre el motor que sustenta el análisis económico y las recomendaciones de política.

En una crítica reciente de lo que llama “mathiness” (modelos matemáticos asertivos) de la economía moderna, Paul M. Romer de la Universidad de Nueva York, argumenta que los economistas deberían tomar medidas para excluir la influencia de facciones académicas y la política de la ciencia sombría. Romer sustenta su argumento en un debate que tiene lugar actualmente en su campo sobre el papel de las ideas en la promoción del crecimiento económico.

Romer parece estar inquieto sobre todo por la tendencia de algunos economistas a argumentar que lo que es cierto para determinados tipos de teorías es cierto para todas las teorías y por ende aplicable al mundo real. A fin de dar un ejemplo, Romer cita el trabajo del economista de la Universidad de Chicago, Robert Lucas, que en su artículo de investigación de 2009, “Ideas y crecimiento”, desestima el papel que los libros o prototipos pueden tener como impulsores del crecimiento. “Se puede incorporar conocimiento en libros, prototipos, máquinas y otros tipos de capital físico, y sabemos cómo incorporar capital en un modelo de crecimiento”, señaló Lucas, “pero también sabemos que dicho procedimiento no es en sí un motor de crecimiento sostenido”.

El problema es que el argumento de Lucas es cierto solo en modelos de crecimiento económico cuya concepción permite a los rendimientos de capital “incorporado” reducirse a cero a medida que el capital disminuye. Como Romer observa, para muchos modelos esto no es cierto. Lo que Lucas representa como una verdad general –que el camino hacia el crecimiento económico no puede depender de crear y adquirir el tipo de  conocimiento que está “incorporado” en libros, prototipos y máquinas– se sustenta en la decisión poco examinada de centrarse solo en unos cuantos tipos de modelos.

La decisión de Lucas podría justificarse de algún modo si tan solo los modelos que escogió fueran los correctos. Pero claro, no lo son. Además de criticar aquellos modelos que sacan conclusiones generales a partir de casos específicos, Romer ataca aquellos que afirman que los modelos económicos solo permiten solo una forma de interacción y solo una forma individual de toma de decisiones.

La objeción principal de Romer se dirige al supuesto de que la única interacción admisible en modelos de crecimiento económico es lo que se conoce como precios de mercado (price taking) la compra o venta de bienes y servicios al precio corriente en el mercado. Añadiría a eso mi objeción contra el supuesto de que la toma de decisiones individual siempre se caracteriza por expectativas racionales.

Los supuestos como estos podrían ser bases adecuadas para diseñar modelos que nos ayuden a entender el mundo, pero solo si los procesos del mercado estuvieran bien estructurados, resolviendo en el nivel agregado todas las desviaciones causadas por los precios de mercado y las expectativas racionales y que son claramente evidentes en el nivel individual. Preguntar si los procesos de mercado cumplen estos criterios, si sí, cuáles y cuándo es una pregunta empírica. Sostener que todos los procesos de mercado tienen que estar así de estructurados es un delito teórico.

Además está generalizado. En el campo de las teorías de crecimiento, Romer ve como la generación actual de economistas neoclásicos escribe y escribe artículos de investigación que imponen las restricciones teóricas para un equilibrio de precios de mercado. Como observa correctamente, dichos artículos de investigación no tienen otro propósito más que posicionar a sus autores en el juego de estatus académico.

Mientras tanto, en mi campo que es la macroeconomía, veo a economistas, banqueros, industriales, tecnócratas y políticos sostener que el tipo de políticas que los gobiernos podrían poner en aplicación para acelerar una recuperación económica, tienen que ser, si no eficaces, sí por lo menos demasiado riesgosas. Después de todo, eso es lo que un modelo con un tipo muy tipo muy restrictivo de expectativas racionales pronosticaría.

Al mismo tiempo debemos reconocer que el problema que Romer identifica no es nuevo. Tan solo hace unos días me encontré con críticas de la política monetaria y fiscal expansiva de parte del economista canadiense, Jacob Viner, y el economista francés, Étienne Mantoux. Ambos señalaron en 1930 (en plena Gran Depresión) que los esfuerzos del gobierno para fomentar el empleo siempre resultarían en una inflación indeseable e injustificada, y tal vez reduciría la producción en el largo plazo.

Lo más deprimente sobre el argumento de Romer es cuán improbable resulta abordarlo. Romer puede lograr convencer a académicos-economistas de tener más prudencia con sus argumentaciones acerca del carácter general de sus teorías de crecimiento económico. Sin embargo, no es nada claro que los banqueros, industriales, tecnócratas y políticos –que son responsables por las políticas que tienen un impacto en las vidas de las personas– harán lo mismo.

Traducción de Kena Nequiz
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El gran juego de Varoufakis Por: Hans-Werner Sinn

MUNICH – Los economistas especializados en la teoría del juego saben que nunca basta con un Plan A, sino que también hay que idear y desarrollar un Plan B creíble que haga avanzar las negociaciones en torno a ese Plan A. El ministro de finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, lo sabe muy bien. Como “peso pesado” ungido por el gobierno griego, se encuentra trabajando en un Plan B (el potencial abandono de la eurozona), mientras el Primer Ministro Alexis Tsipras queda disponible para el Plan A (una extensión del acuerdo crediticio a Grecia y la renegociación de los términos de su rescate). En cierto sentido juegan al clásico juego del “policía bueno y el policía malo”, y hasta ahora con bastantes buenos resultados.

Dos elementos dan forma al Plan B. Primero, simple provocación, apuntando a encolerizar a los ciudadanos griegos y elevar las tensiones entre el país y sus acreedores. Los griegos tienen que creer que se están salvando de una grave injusticia a fin de seguir confiando en su gobierno durante el difícil periodo que vivirían tras una salida de la eurozona.

Segundo, el gobierno griego está elevando los costes del Plan B para la contraparte, al permitir a sus ciudadanos que retiren sus capitales. Si lo quisiera, podría contener esta tendencia con un enfoque más conciliador o detenerla por completo con la introducción de controles al capital. Sin embargo, con ello se debilitaría su posición negociadora, y esa no es una opción para ellos.

La fuga de capitales no implica que estén yéndose al extranjero en términos netos, sino más bien que el capital privado se está volviendo público. Básicamente, los ciudadanos griegos toman créditos de los bancos locales, que están financiados en gran parte por el banco central griego, que a su vez adquiere fondos a través del plan de provisión de liquidez de emergencia (ELA) del Banco Central Europeo. Tras ello, transfieren el dinero a otros países para adquirir activos extranjeros (o cobrar sus deudas), con lo que limitan la liquidez de los bancos de su país.

En consecuencia, otros bancos centrales de la eurozona se ven obligados a emitir más dinero para cumplir las órdenes de pago a nombre de los ciudadanos griegos, dando en la práctica al banco central griego un crédito de sobregiro, según lo miden los llamados pasivos TARGET (“Sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real”, por su sigla en inglés). En enero y febrero, las deudas TARGET de Grecia aumentaron diariamente en casi mil millones de euros (1,1 mil millones de dólares) debido a la fuga de capitales por parte de los ciudadanos griegos y los inversionistas extranjeros. A fines de abril la deuda ascendía a 99 mil millones de euros.

Si Grecia abandonara la unión, no se verían afectadas las cuentas que sus ciudadanos hayan abierto en otros países de la eurozona, por no hablar de los bienes que hayan comprado con ellas. Pero dejaría atrapados a los bancos centrales de esos países con reclamaciones de cobro TARGET de esos ciudadanos denominadas en euros frente a un banco central de Grecia que sólo contaría con activos denominados en dracmas. Dado que sería inevitable la devaluación de la nueva moneda, y si se suma el hecho de que el gobierno griego no tendría que sostener la deuda de su banco central, sería casi seguro un impago que despojaría a los demás bancos centrales de toda posibilidad de reclamar sus cobros.

Se produce una situación similar cuando los ciudadanos griegos sacan dinero de sus cuentas y lo acopian en maletas o lo ponen en el extranjero. Si Grecia abandonara el euro, parte importante de estos fondos (que ascendieron a 43 mil millones de euros a fines de abril) se iría al resto de la eurozona, tanto para comprar bienes y activos como para pagar deudas, provocando una pérdida neta para los restantes miembros de la unión monetaria.

Todo esto fortalece considerablemente la posición desde la que negocia el gobierno griego. Poco ha de sorprender entonces que Varoufakis y Tsipras jueguen a ganar tiempo y se nieguen a presentar un listado de propuestas de reformas significativas.

El BCE tiene una gran responsabilidad por esta situación. Al no poder llegar a la mayoría de dos tercios de su Consejo que se necesitaban para limitar la estrategia del banco central griego, pensada únicamente en su propio interés, ha permitido la creación de más de 80 mil millones de euros para liquidez de emergencia, lo que supera a los 41 mil millones de euros que posee el banco central griego en activos recuperables. Ahora que se ha concedido a los bancos griegos los fondos que necesitaban, el gobierno ya no tiene necesidad de poner en práctica controles de capitales.

Se rumorea que el BCE pronto ajustará su enfoque. Sabe que se está desgastando el argumento de que los préstamos ELA cuentan con garantías, ya que en muchos casos éstas tienen una calificación menor que BBB- que las deja casi fuera del grado de inversión.

Si el BCE acaba por reconocer que no bastará con eso y elimina la salvaguarda de liquidez de Grecia, el gobierno griego podría verse obligado a negociar con seriedad, ya que no le beneficiaría seguir esperando. No obstante, puesto que la cantidad de fondos enviados al extranjero y guardados en efectivo ya habrían alcanzado al 79% del PGB, su posición seguiría siendo muy fuerte.

En otras palabras, y gracias en gran medida al BCE, el gobierno griego estaría en condiciones de asegurarse un resultado mucho más favorable (con mayor ayuda financiera y menos exigencias de reformas) que el que hubiera podido alcanzar en cualquier momento del pasado. El dinero que se ha impreso y una gran proporción de los recursos que se han adquirido, medidos por los balances TARGET, harían las veces de una donación para un futuro independiente.

Muchos europeos parecen creer que Varoufakuis, experimentado teórico del juego pero novato en política, no sabe cómo jugar con las cartas que su país ha recibido. Deberían recapacitar antes de que Grecia se marche con toda la baraja.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen
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Viñetas de desigualdad POR: ÁNGEL UBIDE 31 MAY 2015 – 00:01 CEST

El análisis de la debacle del partido laborista en las recientes elecciones británicas revela que una de las claves de la derrota, además del escaso carisma de su líder, fue el excesivo énfasis de la narrativa laborista en la desigualdad y la redistribución. La ausencia de un mensaje coherente sobre el modelo económico que creará riqueza, que dará una oportunidad de progresar a los menos afortunados ­—los llamados votantes “con aspiraciones”— resultó nefasto. Es un mensaje que los líderes políticos españoles tendrán que absorber de cara a las elecciones generales, no sea que confundan el enfado con la corrupción con la ausencia de un deseo de crecer y progresar. La desigualdad se ha convertido en uno de los temas de moda de la profesión económica, pero no siempre ha sido así. Los principales manuales de economía dedican escaso espacio, si acaso, a la desigualdad y la lucha contra la pobreza. Hay corrientes de pensamiento que afirman que el estudio de la desigualdad puede ser contraproducente, ya que desvía la atención de la creación de riqueza y del crecimiento.

Tony Atkinson, profesor de la London School of Economics, acaba de publicar un tratado sobre la desigualdad —Inequality. What can be done?, Harvard University Press— que debería ser lectura obligada para todos, independientemente de la ideología. El profesor Atkinson desgrana en detalle porqué la distribución de la renta es importante, cómo medirla de manera adecuada, de qué factores depende, y como se puede modificar con políticas económicas. La desigualdad no solo afecta económica y psicológicamente a las personas sino que, según el FMI y la OCDE, dificulta el crecimiento: una mayor pobreza reduce el capital humano y suele generar inestabilidad política que reduce la inversión. Al requerir más distribución, la desigualdad aumenta el uso de impuestos distorsionantes que pueden dañar el crecimiento. La OCDE estima que la desigualdad ha reducido la riqueza casi cinco puntos en los últimos 20 años. También aumenta la fragilidad del crecimiento. La desigualdad fue un factor en la pasada crisis financiera, sobre todo en Estados Unidos, donde los más pobres tuvieron que aumentar su apalancamiento para poder comprar unas viviendas cada vez más fuera de su alcance. La desigualdad además es persistente. Los hijos de los más pobres nacen con un tremendo handicap a la hora de progresar económicamente, los resultados de una generación limitan las oportunidades de la siguiente generación. La desigualdad es fruto de una combinación de factores, sobre todo la globalización y el progreso tecnológico. Pero es peligroso detenerse solo en esos dos factores, porque daría la sensación de que el avance de la desigualdad es inevitable, que no se puede hacer nada al respecto al depender de dos tendencias imparables. La distribución de impuestos y gastos es tan importante como esas dos tendencias. Y también la disparidad dentro de las instituciones democráticas de un país. Cuanto más distinta es la composición del parlamento respecto a la población del país, mayor es la desigualdad económica en ese país.

En la mayoría de los países de la OCDE un empleo por el salario mínimo es insuficiente para salir de la pobreza

Por otro lado, hay un cierto componente hipócrita en este novel énfasis en la desigualdad del mundo rico, sobre todo en las políticas anti-inmigración que se proponen para contrarrestarla. Tan solo el 15% de la población mundial vive en el mundo desarrollado, pero representa el 40% del consumo mundial. Es nuestra obligación modal ayudar a los que salieron perdiendo en la lotería del lugar de nacimiento. Por suerte, los mismos factores que han contribuido a aumentar la desigualdad en el mundo desarrollado, la globalización y el progreso tecnológico, están reduciendo la desigualdad a nivel mundial. En la última década, cientos de millones de personas, sobre todo en el África Subsahariana, han abandonado la pobreza extrema y se han incorporado a la clase trabajadora, donde pueden ahora disfrutar de bienes de consumo básicos. Mis colegas Paolo Mauro y Tomas Hellebrandt del Peterson Institute for International Economics pronostican que la desigualdad global seguirá descendiendo en las próximas décadas y permitirá a cientos de millones de personas (sobre todo en India) acceder a productos de consumo duraderos como automóviles o neveras, y a cientos de millones más (sobre todo en China) alcanzar niveles de consumo similares a los de las clases medias de las economías avanzadas. El capitalismo esta siendo un gran éxito.

Uno de argumentos analíticos que se derivan del libro del profesor Atkinson es que el empleo no es suficiente para salir de la pobreza. Si la paga es escasa, el empleo no basta. En Estados Unidos, en 2014 era imposible pagar el alquiler de un apartamento de dos habitaciones trabajando 40 horas al salario mínimo y limitando el pago a un 30% de los ingresos. Dependiendo del Estado, había que trabajar desde un mínimo de 69 horas semanales (Arizona) hasta un máximo 138 horas (Maryland). Pero no es solo un problema estadounidense, donde es sabido que el salario mínimo es insuficiente. En la gran mayoría de los países de la OCDE un empleo de 40 horas semanales al salario mínimo es insuficiente para salir del umbral de la pobreza (definido como un 50% de la renta neta familiar mediana en cada país). En los cuatro peores casos, la República Checa, Estonia, España, y la República Eslovaca, hacen falta más de 70 horas semanales al salario mínimo para salir del umbral de la pobreza.

Si, 72 horas en España, uno de los países más desiguales y con menos redistribución de la OCDE, sobre todo tras la crisis. Desde 2008, la renta del 10% más pobre ha caído un 13%, cuatro veces más que la caída de la renta media de la población. Como resultado la renta media del 10% más rico es catorce veces mayor que la renta media del 10% más pobre. Este ratio es nueve veces en la media de la OCDE, tan solo seis veces en los países nórdicos. España no es un país pobre, pero tiene demasiados pobres.

Es una cuestión ética, que va más allá de argumentos económicos acerca del impacto del salario mínimo sobre el empleo. Un empleo de 40 horas debe de ser suficiente para garantizar un nivel de vida digno. Pero esto no implica necesariamente un salario mínimo mucho mayor. Hay maneras más eficientes, o complementarias, como los impuestos negativos sobre la renta, que además de aumentar el ingreso neto mejoran los incentivos para la búsqueda de empleo. Fomentar el aumento del tamaño de las empresas, para que sean más productivas y paguen más, reduce la desigualdad de la renta. Atkinson va mucho más allá y propone como modelo ideal la renta de participación, garantizada a todo aquel que participe en la sociedad. El problema, como siempre, es como financiarla.

El debate sobre la desigualdad no ha hecho más que empezar. Lean el libro de Atkinson. Hay que saber para poder opinar.

Ángel Ubide es senior fellow del Peterson Institute for International Economics. En Twitter: @angelubide.

La inversión POR: VICENTE ALBORNOZ GUARDERAS

La inversión productiva en el Ecuador es baja. Y mientras eso no cambie, estaremos bien únicamente mientras el precio del petróleo se mantenga alto. Romper la dependencia del petróleo implica invertir mucho. Invertir en el sentido económico de la palabra. Porque hay dos definiciones de inversión: la económica y la financiera. La definición económica de inversión se refiera al aumento de la cantidad de bienes de capital. Los bienes de capital son todas aquellas cosas que permiten producir más: máquinas, equipos, edificios, etc. Cuando en una sociedad se aumenta la cantidad de esos bienes, se dice que se está invirtiendo. Y solo los países que invierten bastante durante muchos años son capaces de salir adelante, de crecer en el largo plazo y de diversificar su producción. Dicho en palabras complicadas, son capaces de progresar y de cambiar su matriz productiva. La inversión desde el punto de vista financiero es otra cosa y no necesariamente aporta al crecimiento de una economía, pues consiste en la adquisición de activos que van a generar un ingreso en el futuro. Por ejemplo, para un financiero, comprar acciones se considera una inversión, a pesar de que no significan un aumento en los bienes que sirven para producir. Volviendo a la definición económica, en el Ecuador, en el 2013, último año para el cual hay información, la inversión total fue de 26 300 millones de dólares. De eso, el 53% fue del sector público, mientras que el 47% vino del sector privado. Llama la atención que en un país la mayor parte de la inversión venga del sector público y no del sector privado y esto refleja dos cosas: la abundancia de recursos en manos del Estado (eso era en el lejano año 2013) y la reticencia del sector privado para invertir (eso no ha cambiado). Pero no solo llama la atención, sino que es negativo para la economía porque la inversión pública no está diseñada para producir, sino para facilitar la producción (pues consiste, sobre todo, en infraestructura y tiene poco o nada en maquinaria y equipos). Por cierto, de 2006 a 2013, la inversión pública no hizo otra cosa que subir. Al contrario, la inversión privada más bien ha caído. En 2006 representaba el 17% del PIB y para el 2013 solo llegó a ser el 13% del PIB (todo esto con base en información recientemente publicada por el Banco Central). También es preocupante la composición de la inversión privada, donde solo el 45% son máquinas y equipos, lo cual es bastante menos de lo invertido en construcciones (que incluyen vivienda). En otras palabras, no se ve nada que pueda cambiar la estructura productiva del país, excepto por más carreteras y puentes. Carreteras junto a las cuales no se están instalando fábricas, puentes que quizás sirvan para transportar bienes importados (o turistas en feriados), pero no para mover la estancada producción nacional.

Tomado de: Diario EL COMERCIO

http://www.elcomercio.com/opinion/baja-inversion-productiva-ecuador-vicentealbornoz.html

Bonos salariales, cambios regulatorios y salarios de eficiencia Por: Sergio Clavijo

Una útil lección que nos ha dejado la crisis financiera de 2007-2011 tiene que ver con la importancia de alinear los intereses de los dirigentes de las firmas (los llamados CEO´s), usualmente corto-placistas, con los intereses de los propietarios de las firmas (tenedores de las acciones), claramente de mediano y largo plazo. En efecto, dicha crisis financiera internacional dejó al descubierto lo inconveniente que pueden resultar los pagos de bonos

salariales anclados en desempeños de corto plazo, tal como ocurría en AIG o en Lehman Brothers y, de hecho, en prácticamente todo Wall Street.

 

El resultado fue la toma de riesgos excesivos por parte de dichos CEO´s, llevando sus firmas a la bancarrota, mientras ellos disfrutaban de sus “paracaídas dorados”, donde los bonos “por desempeño” les permitían hasta multiplicar por dos sus ingresos anuales, independientemente de la “suerte” de la firma. Los principales culpables fueron las propias Juntas Directivas, fallando a la hora de alinear dichos premios con el crecimiento sostenible de las firmas hacia el mediano plazo (ver Comentario Económico del Día 12 de mayo de 2009).

 

¿Qué ha ocurrido con las compensaciones de los ejecutivos en los últimos años? y ¿Qué nuevas medidas se han tomado en los Estados Unidos para alinear dichos bonos-premio con los intereses de los accionistas de las empresas?

 

Durante los años 2007-2009, los salarios de los presidentes ejecutivos de las firmas estadounidenses han mostrado descensos. The Economist (18 de junio de 2011) reporta que el pago promedio a un CEO, en empresas listadas en las bolsas de valores de los Estados Unidos, pasaron de un promedio de US$15 millones a US$10 millones anuales. Sin embargo, parece ser que dicho “arrepentimiento” duró poco, pues en 2010 esas remuneraciones iniciaron nuevos ascensos hacia los US$12 millones anuales.

 

Tal vez la única reforma importante ha consistido en que los reconocimientos bajo la forma de acciones de la firma no son redimibles en el corto plazo, teniendo que esperar 3-5 años, cuando supuestamente las políticas implementadas por dicho CEO deberían estar dando sus mejores frutos. Sin embargo, la porción de opciones sobre acciones se han incrementado aún más, pasando del 23% en 2009 al 34% en 2010.

 

Cabe mencionar que la Ley Dodd-Frank, aprobada en los Estados Unidos en 2010, buscó mayor transparencia para los accionistas de las firmas públicas dándoles voz y voto (no vinculante) a través de la llamada regla “say on pay”, una aplicación del mecanismo ideado en Inglaterra en 2002. La idea era que los accionistas elevaran su voz de protesta si les parecía que los esquemas de bonos-salariales de la firma resultaban perjudiciales para la firma y los intereses de los propietarios, especialmente de los minoritarios. Infortunadamente, hasta el momento dichas voces no se han manifestado de forma significativa. Tan sólo en 35 firmas se han escuchado voces de protesta en este frente, siendo el caso más notorio el de Hewlett Packard.

 

Otro mecanismo incluido en la Ley Dodd-Frank tiene que ver con la obligación de divulgar la relación existente entre la remuneración del CEO y el salario medio de las firmas. Según el reporte más reciente, los diez CEO´s mejor pagos (incluyendo los bonos-premio) devengan remuneraciones que superan 1.778 veces el sueldo promedio de un trabajador medio norteamericano, cuando la “norma” esperada para una sociedad relativamente equitativa sería un multiplicador de unas 20 veces (ver cuadro adjunto).

 

El escarmiento de las instituciones financieras de Wall Street se manifiesta en que ninguna de ellas se ubicó dentro de las 30 firmas con mayor remuneración a sus CEO´s. Probablemente en ello ha jugado un papel limitante el uso de los recursos públicos del TARP que tuvieron que hacer muchas de ellas y que los inhibía en ese frente.

 

En síntesis, la regla “say on pay” y la publicación de la proporción de los salarios de los CEO´s respecto al salario medio, ordenadas por la Ley Dodd-Frank de los Estados Unidos, parecen haber jugado algún papel disuasivo en el corto plazo sobre las exageradas remuneraciones a los CEO´s. Sin embargo, el papel más importante hacia el futuro lo deberán jugar las Juntas Directivas, limitando la magnitud de los bonos respecto de la remuneración total y alineándolos con los desempeños de mediano y largo plazo. Los “paracaídas de oro” no deberían existir.

 

Más aún, existen diversas teorías salariales que, con algo de razón, cuestionan la misma existencia de los “bonos por desempeño” para el personal directivo. Tal vez el mecanismo más eficiente consiste en que las Juntas Directivas monitoreen de cerca a las directivas de la empresa para asegurarse que se les otorgan remuneraciones que aseguran sus mejores desempeños siempre, buscando los llamados “salarios de eficiencia”, los cuales tornan redundantes los pagos de bonificaciones por desempeño.

 

Cuadro 1. Diez primeros CEO’s según remuneración total
Empresa CEO Año Compensación Anual (US$) Veces sobre el trabajador medio
VIACOM INC Philippe P. Dauman 2010 84.515.308 2.497
ORACLE CORP Lawrence J. Ellison 2010 77.556.015 2.291
LYONDELLBASELL INDUSTRIES James L. Gallogly 2010 77.061.964 2.277
OCCIDENTAL PETROLEUM Ray R. Irani 2010 76.107.010 2.249
CBS CORP Leslie Moonves 2010 57.729.020 1.705
GENERAL GROWTH PROPERTIES, INC Adam S. Metz 2010 53.275.790 1.574
JEFFERIES GROUP INC Richard B. Handler 2011 47.349.121 1.399
MICKESSON CORP John H. Hammergren 2010 46.149.360 1.363
DISCOVERY COMUNICATIONS INC David M. Zaslav 2010 42.589.296 1.258
FREEPORT-MCMORAN COP&GOLD Richard C. Adkerson 2010 39.535.534 1.168
Promedio 60.186.842 1.778
Fuente: cálculos de Anif con base a AFL_CIO