Carolina Baca
El puente de Rumichaca es el paso de miles de historias[1] sobre el conflicto interno de Colombia, el cual surge con la estructuración de tres grupos armados irregulares: dos grupos guerrilleros que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo FARC-EP[2]; y, el Ejército de Liberación Nacional ELN[3]. Grupos guerrilleros de menor incidencia que son el Ejército Popular de Liberación EPL, el Ejército Revolucionario del Pueblo ERP; y, el Ejército Revolucionario Guevarista. Finalmente, grupos paramilitares llamados Autodefensas Unidos de Colombia AUC[4]. A esto se añade carteles del narcotráfico[5] y crimen organizado vinculados a la guerrilla y los paramilitares.
Las prácticas comunes de estos grupos, como masacres, desapariciones forzadas de personas, el secuestro, la extorsión; y, los desplazamientos internos[6], hacen que a diario miles de los colombianos se vean obligados a huir del país y crucen las fronteras en búsqueda de protección internacional. En su mayoría son gente común, población civil en general, pero también es alarmante la persecución que sufren los individuos con un alto perfil público o comunitario como sacerdotes, dirigentes barriales, periodistas, activistas de derechos humanos, empresarios y políticos.
[1] Datos proporcionado en el Informe Nacional de ACNUR (Población colombiana en necesidad de protección internacional en el Ecuador Informe Nacional, 2009), señala que existen 168.828 personas de nacionalidad colombiana con necesidad de protección internacional, hasta la fecha de informe 20.649 personas fueron reconocidas como refugiadas y existen registradas 33.915 solicitudes de asilo pendiente de resolución; de estas cifras el 90% de las solicitudes de asilo son de personas colombianas, habiendo miles de personas que no acuden a la protección del Estado ecuatoriano por no conocer sobre el derecho al refugio, por temor a ser perseguidos o porque no está a su alcance hacer la solicitud. Al 2012 el Ecuador tiene la mayor población de refugiados de América Latina, hasta diciembre de 2011, el Gobierno ha reconocido a 55.092 personas refugiadas en el Ecuador; 60% de ellas viven en áreas urbanas y la mayoría del 40% restante permanece cerca de la frontera, en regiones poco desarrolladas y aisladas, con limitados servicios básicos.
[2] Las FARC-EP nacen de movimientos campesinos constituidos como autodefensas comunistas; se organizaron como grupo armado y comenzaron a tener presencia en varias zonas de territorio colombiano; su mayor expansión armada se da en la década de los 90, cuando nacen los vínculos con el narcotráfico y el secuestro que se convirtió en el mecanismo para obtener recursos económicos.
[3] El ELN se crea bajo la influencia de la revolución cubana, el grupo se fortalece en la década de los 80 en que se iniciaron las prácticas de extorsión a compañías extranjeras de hidrocarburos, bajo un discurso nacionalista. No recurrió al narcotráfico como fuente de recursos; y, el mayor control a la inversión extranjera por parte del Estado hizo que este grupo se debilite.
[4] La AUC fueron creadas por grupos de terratenientes y ganaderos que eran presionados por la guerrilla; se constituyeron como un contra golpe para los grupos irregulares socialistas; y en su “lucha” atacan a la insurgencia desconociendo entre combatientes y población civil. Buscan quitar a la guerrilla del control ciertas zonas manipulada por ella. Se dice que su financiamiento proviene del desvío de recursos del sistema nacional de seguridad social y salud y en general de fuentes estatales debido a la presencia de altos funcionarios del Estado que son parte de la AUC.
[5] El narcotráfico ha facilitado las operaciones de grupos irregulares, lo que ha hecho que existan más enfrentamientos, altos índices de corrupción y violencia y se incremente sus operaciones delictivas.
[6]Todas estas prácticas se vieron ejemplificadas, el 29 de mayo de 1999 en La Gabarra, corregimiento del Municipio de Tibú, Colombia; los paramilitares asesinaron a 6 personas, secuestraron a 21 e instalaron retenes en la vía. Los asesinatos colectivos, los secuestros y desapariciones continuaron durante un mes y ocasionaron un gran desplazamiento de campesinos. La Policía y el Ejército, con una base militar en la zona, nada hicieron para impedir las masacres. El caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para llevarlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH, 2010) (…)