Por Mario Melo

Abogado y profesor universitario

“Estados canallas” es el durísimo término usado por Noam Chomsky para referirse a aquellos estados que “no se consideran obligados a actuar de acuerdo con las normas internacionales”. Chomsky tenía en la mira de su crítica a la superpotencia que con su unilateralismo en política internacional, privilegia sus intereses estratégicos sobre el marco de derecho internacional. La política de guerra preventiva contra el terrorismo, impulsada por el gobierno estadounidense, con más fuerza a raíz del 11 de septiembre de 2001, es el ejemplo paradigmático del extremo desprecio al estado de derecho internacional. (Carbonell, 2009)

Sin embargo, las actitudes estatales de irrespeto a la institucionalidad internacional y las normas que la rigen, no han sido patrimonio de un solo estado. Por lo contrario, abundan cuando los organismos internacionales, especialmente los de protección de los derechos humanos, hacen sentir su presencia y vocería en el escenario internacional, señalando las responsabilidades internacionales en las que incurren los estados que violan derechos protegidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos(…)

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a sus más de 50 años de vida institucional, está ya en plena madurez. Sus ejecutorias en torno a los más álgidos pasajes de la historia continental contemporánea son ampliamente conocidas.

Supo poner el dedo en la llaga sobre las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas por los gobiernos autoritarios del cono sur y de Centroamérica en las últimas  décadas del siglo pasado, orientando con sus actuaciones a los regímenes democráticos que los sucedieron en relación, por ejemplo, a la investigación de las desapariciones forzadas y a la derogatoria de las leyes de amnistía y punto final que promovían la impunidad de los perpetradores de esos crímenes, por solo señalar dos temas. También conoció casos vinculados con la guerra contra la subversión en diversos países americanos, relevando en sus pronunciamientos el derecho a la verdad que asiste a los familiares de las víctimas y a la sociedad en su conjunto, respecto al destino de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados extrajudicialmente y de todas las personas en quienes se cometieron crímenes de estado que nunca fueron debidamente investigados por las justicias nacionales.

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