CASO CERVECERÍA NACIONAL
Juzgado Duodécimo de lo Civil de Guayas 893-2010-F.
Guayaquil, martes 26 de octubre del 2010, a las 8h35
VISTOS: Eduardo Arturo Cervantes Ronquillo comparece para proponer una acción de protección constitucional en contra de la resolución dictada por el Ministro de Relaciones Laborales Richard Espinosa, mediante la cual negó el recurso de apelación presentando por el referido señor Cervantes en su calidad de Procurador Común de los ex trabajadores y trabajadores de la compañía Cervecería Nacional rechazando de esa manera la solicitud de que se ordene a Cervecerías que deposite en el Banco Central el valor de las utilidades no distribuidas a los trabajadores entre los años 1990 y 2005.
El Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) y la Procuraduría General del Estado (PGE) cuestionaron la legitimidad activa del actor por lo que el juez estima necesario descartar la teoría del derecho subjetivo e indicar que lo dicho respecto a la legitimación activa carece de sustento y relevancia.
Durante la audiencia pública, la PGE y el MRL insistieron en que la demanda presentada debía ser tratada en otra sede judicial; se mencionó la acción contenciosa administrativa, a la acción de inconstitucionalidad y la acción por incumplimiento. La demanda impugna un acto administrativo de efectos particulares que afecta a un grupo determinable de personas, por tanto no cabe la acción de inconstitucionalidad. La acción por incumplimiento tampoco cabe, porque el accionante no exige ninguna de las pretensiones propias de esta acción. Por otro lado, también se ha solicitado que se declare improcedente la acción, debido a que el acto puede ser impugnado ante la jurisdicción contenciosa administrativa. En primer lugar no se puede acudir a la acción de protección si existe mecanismo de defensa adecuado y eficaz; si bien debe examinarse las vías judiciales existentes, la resolución de la pretensión planteada exige una tutela jurisdiccional urgente y perentoria; la demanda presentada por el señor Cervantes tiene por objeto el amparo director y eficaz del derecho a la igualdad, esta demanda no contiene argumentos de mera legalidad ni puede ser tratada por otra garantía jurisdiccional. (…)