CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Caso: “La Última Tentación de Cristo[1]”
(Olmedo Bustos y otros VS Chile) Sentencia del 5 de febrero de 2001
Exposición del Caso
El 15 de enero de 1999 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte una demanda contra la República de Chile. La Comisión presentó el caso con el fin de que la Corte decidiera si hubo violación, por parte del Estado, de los artículos 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) y 12 (Libertad de Conciencia y de Religión) de la Convención Americana de Derechos Humanos. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que, como consecuencia de las supuestas violaciones de estos artículos, declare que Chile incumplió los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma.
Según la demanda, los afectados fueron: Juan Pablo Olmedo Bustos, Ciro Colombara López, Claudio Márquez Vidal, Alex Muñoz Wilson, Matías Insunza Tagle y Hernán Aguirre Fuentes[2], por “la censura judicial impuesta a la exhibición cinematográfica de la película ‘La Última Tentación de Cristo’.
La Comisión solicitó a la Corte que el Estado chileno autorice la exhibición de la película; adecúe sus normas constitucionales y legales a los estándares de libertad de expresión de la Convención para eliminar la censura previa de las producciones cinematográficas y su publicidad; asegure que los órganos de poder público ejerzan los derechos de libertad de expresión y se abstengan de imponer censura previa; repare a las víctimas del daño sufrido; y, efectúe el pago de gastos incurridos para litigar en el caso tanto en el ámbito interno como ante la Comisión y la Corte Interamericana.
[1] Película (1988) inspirada en la novela de Nikos Kazantzakis “La Última Tentación de Cristo”, que narra la vida de Jesús de Nazaret de acuerdo a lo escrito en los Evangelios. La Trama cambia al momento de la crucifixión de Cristo pues un ángel lo salva para que tenga una vida junto a María Magdalena.
[2] El 3 de septiembre de 1997 la Comisión recibió en su Secretaría una denuncia interpuesta por la Asociación de Abogados por las Libertades Públicas A.G. en representación de los afectados quienes se consideraron como víctimas por impedírseles ver una película de carácter artístico y formar su propio juicio sobre el contenido de la misma.